Leyes restrictivas en el acceso a anticonceptivos y aborto

En pleno debate sobre la reforma del aborto que propone el Ministro Gallardón para este mes de Octubre, nos llegan noticias escalofriantes de Latinoamérica sobre las consecuencias que tienen para las mujeres la restricción en el acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros así como el acceso al aborto. La comparación entre la situación actual de nuestro País y la situación que viven las mujeres en países de Latinoamérica es necesaria si lo que queremos es visibilizar hacia donde nos llevan las políticas anti-elección que se nos quieren imponer a las mujeres.

Dentro de esas políticas anti-elección estarían muchos de los actuales recortes que vivimos, especialmente a las mujeres, en lo referente a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Recortes en educación, con la exclusión de la educación sexual fuera de la escuela a la vez que se impulsa la religión en las aulas. Recortes en sanidad, con el decreto del Apart-heid sanitario que excluye a migrantes en situación irregular, paradas de larga duración y personas desahuciadas o precarias del acceso al sistema público sanitario. También la exclusión de la reproducción asistida a mujeres solteras y/o lesbianas de la cartera básica de servicios sanitarios o la no financiación de nueve de los métodos anticonceptivos orales modernos más utilizados. Además, de la reforma del aborto que se quiere aprobar y que restringiría de una manera brutal el acceso al aborto cuando una mujer decide que no quiere seguir con un embarazo que no desea. 

Todas estas políticas no son baladís y lo que buscan es el control de la reproducción de las mujeres así como una vuelta a un modelo de familia tradicional, donde la mujer deja de ser reconocida como sujeto de derechos para ser concebida sólo como hija, madre y esposa, siempre tutelada por terceras personas. Pero además, los efectos de estas políticas anti-elección, resultaran brutales especialmente para las mujeres más vulnerables como son las adolescentes. No sólo por la precaria educación sexual que reciben o por la dificultad en el acceso a métodos anticonceptivos, que no se pueden pagar. También porque según se prevé en la reforma de laley del aborto de Gallardón, en caso de conflicto con sus progenitores, estas adolescentes no podrán acceder a realizarse un aborto si así lo deciden. Estamos hablando de menores de familias desestructuradas, de hijas de familias ultracatólicas, de hijas de maltratadores, de chicas migrantes que carecen de progenitores en el país, de adolescentes tuteladas por las comunidades autónomas y un largo etcétera de chicas con situaciones dramáticas a las que se las obligará a ser madres sin darles la oportunidad de decidir.

En este contexto, resulta importante visibilizar la situación de las mujeres de países donde no existen ni han existido políticas claras de salud sexual y reproductiva y donde el aborto está penalizado totalmente o restringido a casos excepcionales que, por no estar regulados, resultan inaccesibles para las mujeres. ¿Qué pasa con las adolescentes en estos países? o ¿Qué se está demandando por parte de la sociedad civil, especialmente por parte de las activistas por los derechos sexuales y reproductivos?

Para responder a estas preguntas podemos hacernos eco de las declaraciones de la Presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción (CIC) realizadas el pasado 27 de septiembre en el Día Mundial de la Anticoncepción 2013. En dichas declaraciones y según cifras de UNICEF y la OMS, se estima que 16 millones de niñas de 15 a 19 años dan a luz cada año en el mundo. En América Latina entre el 18 % y el 20% del total de partos es de niñas adolescentes. Pero además, las menores de 16 años tienen un riesgo de muerte cuatro veces mayor que las mujeres entre los 20 y 30 años. La tasa de mortalidad de los neonatos de las adolescentes es aproximadamente de un 50% superior.

Estos cifras recuerdan que el embarazo adolescente constituye un importante problema de salud en los países latinoamericanos y es por eso que se demandan medidas urgentes, que según la CIC, deben pasar por políticas públicas claras que mejoren significativamente la salud sexual y reproductiva de las adolescentes en particular y de las mujeres en general, desde una visión plural y multicultural.

La gravedad y el alcance del problema en Latinoamérica tiene que servir para centrar el debate en nuestro país en los términos reales que son, la necesidad de impulsar políticas públicas sobre educación sexualy afectiva, facilitar el acceso a métodos anticonceptivos subvencionados que eviten embarazos no deseados y por último, otorgar libertad a las mujeres para que decidan sobre el ejercicio de su maternidad.

Autor

Delia Sánchez

Comunicadora social y periodista con más de 15 años de experiencia en periodismo y webs médicas especializadas. Una de mis especialidades es escribir contenido médico de alto valor para nuestros lectores.

Creación: 9 Octubre 2013 Actualización: 19 Agosto 2024