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Usuarias y profesionales sufren acoso de grupos anti-elección

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ACAI denuncia la presión que varios manifestantes ejercen contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo




La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) se ha reunido con Aquilino Iniesta (subdelegado del Gobierno de Albacete) para denunciar el acoso que están sufriendo algunos de sus centros. Las denominados “pro-vida” (grupos anti-elección) se sitúan a las puertas de las instalaciones (y, en ocasiones, más allá de los lugares de trabajo de los/as profesionales) para acosar a las mujeres e influenciar su derecho a decidir. La asociación ha trasladado, tanto a la subdelegación del gobierno, como a los medios de comunicación (en una nota de prensa  del pasado lunes 6 de febrero), las siguientes peticiones:

  • Instrucciones para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de modo que puedan atender las demandas de ayuda de los centros, independientemente de que las concentraciones frente a las clínicas lleguen o no a las 20 personas.
  • La presencia de la policía cuando se requiera, que ésta identifique a “los grupos fundamentalistas” y permanezca allí. Esto serviría como medida disuasoria, además de disolver a dichos grupos y evitar la intimidación y coacción que ejercen sobre las mujeres.
  • La investigación de los delitos de agresiones y daños que se denuncian, poniendo a disposición de los juzgados a los responsables y las pruebas necesarias para agilizar el proceso judicial.
  • “Tolerancia 0 con los radicales” concentrados frente a los centros, ya que no se limitan a respetar la legalidad de los derechos de libertad de expresión, manifestación y reunión.

Según dicha organización, resulta fundamental que se investiguen los hechos de forma eficaz cuando existan delitos de agresiones para que los culpables puedan ser juzgados con rapidez.

La pasividad de la policía puede alentar a estos grupos anti-derechos a actuar con impunidad.
El acoso verbal no sólo intimida a las mujeres que acuden para ejercer su derecho al aborto, sino que impide a profesionales la correcta realización de su trabajo, puesto que en las clínicas ginecológicas se prestan todo tipo de prestaciones sanitarias relacionadas con la salud sexual. Recordemos que la interrupción legal del embarazo es una prestación más que debe estar garantizada dentro de la cartera de servicios sanitarios como se contempla en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las profesionales de la clínica Iris de Albacete ha denunciado que llegó a ser increpada por radicales anti-elección, en un centro comercial, en presencia de su hija, una menor.

La presencia de estos grupos conservadores no se limita a la provincia de Albacete, sino a otros puntos de la comunidad autónoma, especialmente desde hace año. ACAI reclama mayor presencia y seguimiento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No sólo como mecanismo disuasorio, sino para la investigación de todas las coacciones que se denuncien. Asimismo reclama  que se atiendan las peticiones de auxilio. Aunque el subdelegado del gobierno se ha mostrado receptivo a frenar a estos grupos, ha afirmado que lo hará respetando siempre el derecho a la libertad de expresión y dentro de los márgenes de la legalidad.

Un ejemplo es el día de los Santos Inocentes. Según recordaba José Antonio Bosch, abogado de ACAI en septiembre de 2015, “ese día en casi toda España se producen concentraciones delante de las clínicas”, con la presión que ello supone para cualquier chica que vaya informarse a los centros, sea o no sobre el aborto.

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