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El Gobierno introduce el consentimiento paterno en el caso de abortos de menores

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que será necesario el consentimiento de los padres para menores de 16 y 17 años que decidan interrumpir su embarazo.




Era previsible. El Gobierno del PP no iba a derogar la Ley del Aborto pero sí avanzó que introduciría reformas. Y así ha sido. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que modificarán de forma parcial la Ley de salud sexual y reproductiva voluntaria del embarazo aprobada por el anterior Gobierno y vigente desde julio de 2010, para exigir el consentimiento paterno en relación a las menores de 16 y 17 años que aborten, “y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional”, citan textualmente desde La Moncloa.

La ley actual del aborto no exige el consentimiento paterno, pero en cambio sí que los progenitores estén informados de que sus hijas de 16 y 17 años van a abortar, siempre que no se produzca por peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, malos tratos, desamparo o coacciones.

Aunque se prevé que todos los detalles al respecto sobre esta reforma los dé a conocer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, la próxima semana, lo cierto es que tanto las críticas como los apoyos no se han hecho esperar.

Desde la Organización Médica Colegial (OMC) han aplaudido esta nueva medida ya que consideran que “tanto la exigencia del consentimiento paterno para abortar, como la modificación del uso de la píldora del día después son los dos grandes vacíos”, ha afirmado el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez, “y celebramos el anuncio de la resolución, al menos, de uno de ellos”. El mismo apoyo ha recibido la reforma de la Ley desde las asociaciones familiares y provida, así como por algunos organismos como el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

En cambio, otros colectivos como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) han manifestado su preocupación “ante la posibilidad de regresar a una ley de supuestos aún más restrictiva que la del 85”.

En un comunicado, ACAI reivindica que “modificar las condiciones legales de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para ese 13% de mujeres de 16 y 17 años que no pueden validar su decisión con la autorización de su tutor legal (procedentes de familias desestructuradas, en riesgo social o que sufren maltrato) es abocarlas a interrumpir su gestación en condiciones de inseguridad e ilegalidad”. Y explican que el 87% restante de las menores que acuden a los centros, “lo hacen no sólo con el conocimiento de sus padres sino con su apoyo y acompañamiento”.

En el texto recuerdan además la afirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que “cualquier retroceso de la legislación en materia de aborto expone a las mujeres a un mayor número de abortos inseguros y clandestinos, arriesgando con ello su salud y su propia vida, ya que la mujer que desea abortar lo va a hacer en cualquier circunstancia, con cobertura legal o sin ella”.

ACAI ha pedido al ministro de Justicia que defina los supuestos sobre los que van a basar su reforma, “que el Ejecutivo abandone la ambigüedad con la que hasta ahora están dirigiéndose a la ciudadanía y a los sectores afectados”, ya que desde su perspectiva “la seguridad y los derechos de más de 100.000 mujeres en nuestro país no pueden ser objeto de especulación”.

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