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En sus alegaciones la OMC se suma al rechazo ya expresado por otras muchas entidades médicas, lo que hace muy difícil que la futura ley recabe algún tipo de consenso social.

Además afirman su oposición a una norma sobre la que no se les ha consultado a pesar de ser organizaciones profesionales involucradas y conocedoras de la realidad de esta prestación sanitaria

Madrid, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Cádiz o Santander y capitales extranjeras como Londres, Dublín o Lisboa protestan contra el retroceso en derechos que supone el anteproyecto del partido popular.