Blog sobre Aborto

Así lo ha adelantado Ana Pastor, lo que ha suscitado opiniones a favor y en contra por parte del resto de partidos políticos, organismos y asociaciones como ACAI que agrupa a clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Se calcula que el Sescam debe a las clínicas más de un millón de euros por las interrupciones voluntarias de embarazos practicadas en 2010. En un comunicado emitido por la portavoz de las clínicas, Luisa Torres, se califica la situación de “insostenible” por lo que se han visto en la obligación de no practicar más intervenciones a pacientes que procedan del sistema público sanitario, aunque han advertido que harán excepciones “por el compromiso con las mujeres”.

Un informe de la consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana pone de manifiesto el descenso en el número de abortos registrado tras la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva hace ya un año.

Sólo en la Comunidad de Madrid, las siete clínicas acreditadas acumulan un retraso de 2,5 millones de euros por los abortos que han practicado a pacientes derivadas de la sanidad pública. Ante esta situación, se plantean un paro el próximo 15 de septiembre si no reciben el pago que compete a la Consejería de Sanidad.

Esta sentencia viene a confirmar la decisión de la Audiencia de Salamanca y considera que si se hubiera informado correctamente de las anomalías del bebé, los progenitores hubieran tenido la posibilidad de tomar la decisión de abortar dentro del plazo legal.