Chile debate la despenalización del aborto

En nuestras manos está dejar de perseguir a adolescentes y mujeres que no tienen recursos para abortar en clínicas fingiendo apendicitis, dijo la diputada Maite Orsini.
El proyecto fue impulsado por un grupo de parlamentarias de la oposición que consideran insuficiente la Ley de Interrupción del Embarazo en tres supuestos:

• Riesgo para la mujer.
• Inviabilidad fetal
• Violación.

Esta ley fue aprobada en septiembre de 2017, y acabó con la regulación impuesta durante la dictadura de Pinochet, que prohibía el aborto en cualquier situación. 

A diferencia del texto aprobado en Argentina, la iniciativa chilena no pretende legalizar el aborto, sino que se limita a su despenalización. Tanto las mujeres que se someten a él como quienes lo asisten se arriesgan a penas de entre 541 días y 5 años de prisión.

Abortos clandestinos

Según datos presentados, en Chile se practican más de 150.000 abortos clandestinos al año. Aunque es difícil obtener cifras con exactitud porque no existen registros oficiales, la realidad es que miles de niñas y mujeres ponen en riesgo sus vidas para interrumpir embarazos no deseados. Si bien la ley de IVE ha tratado de paliar esta situación, para las organizaciones feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres esa norma queda demasiado corta.

Las cifras publicadas por el Ministerio de Salud indican que entre 2018 y 2020, se han practicado más de 2.000 abortos, en su mayoría por inviabilidad fetal, seguido del riesgo para la salud de la mujer y violación. La gran mayoría se han producido en los establecimientos públicos de salud.

La falta de información que se ofrece a las mujeres de los servicios de salud o las deficiencias en la formación del personal sanitario son algunas de las barreras que han denunciado las feministas. El punto más polémico recae en las facilidades para que un profesional se declare objetor de consciencia y se niegue a practicar un aborto, aunque sea bajo una de estas tres condiciones.
La norma actual permite no solo que centros de salud privados se definan como objetores de conciencia institucionales, sino que amplía esta categoría a los profesionales, tanto del sistema público como del privado. Un informe publicado a finales de noviembre de 2020 por la Corporación Humanas revela que, desde la aplicación de la ley, la mitad de los tocólogos de hospitales públicos se han declarado objetores de consciencia en al menos uno de los tres supuestos, principalmente ante embarazos causados por violación.

Autor

Delia Sánchez

Comunicadora social y periodista con más de 15 años de experiencia en periodismo y webs médicas especializadas. Una de mis especialidades es escribir contenido médico de alto valor para nuestros lectores.

Creación: 18 Enero 2021 Actualización: 8 Agosto 2024