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Entidad defensa derechos sexuales y reproductivos es perseguida

La Federación de Planificación Familiar Estatal ve revocada su declaración de utilidad pública por la acusación de una asociación conservadora




El Ministerio del Interior decidió reconocer la utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Cumplía todos los requisitos administrativos (entre otros, una contabilidad auditada y en orden, como se admitió en la concesión). El 27 de mayo se publicó en el BOE, vía por la que se entera la FPFE, la revocación de dicha declaración. Esta decisión responde a las peticiones de la Asociación Española de Abogados Cristianos, que acusa a la Federación de promover el aborto.

Hay que recalcar que la FPFE no tiene relación profesional con ninguna clínica de interrupción voluntaria del embarazo y que su labor se centra en la promoción de la educación sexual y los métodos anticonceptivos, especialmente en la juventud y las personas migrantes, así como la prevención de infecciones de transmisión sexual como el VIH/ SIDA.

La declaración de utilidad pública conlleva una serie de beneficios fiscales y suele puntuar positivamente para obtener subvenciones de cara a gestionar programas para la población beneficiaria. Pero además, simbólicamente, es cierto que la labor de la FPFE tiene una utilidad pública. Su trayectoria en la Planificación Familiar se remonta a 1987. Sus centros de información sobre contracepción y sexualidad (CJAS) en Albacete, Coruña y Madrid son un lugar de referencia para la juventud. Coordinan la secretaría técnica del Intergrupo Parlamentario Español sobre Población Desarrollo y Salud Reproductiva.  Además de intervención social y atención directa, realizan labores de educación, sensibilización e investigación sobre salud sexual y/o reproductiva.

Si la ley de asociaciones establece que las asociaciones de utilidad pública son aquellas en cuyos “fines estatutarios tiendan a promover el interés general y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos”, la FPFE cumple estos requisitos.

La Asociación Abogados Cristianos inició una recogida de firmas en Change.org para revocar la declaración de utilidad pública basándose en la supuesta promoción del aborto por parte de la entidad. También alegaban que la FPFE había ocultado una sanción administrativa por “publicidad ilegal de fármacos”. Esta falta leve fue subsanada frente a la Comunidad de Madrid, y se trataba de la mención de la palabra “viagra” y píldora anticonceptiva en una de sus publicaciones sobre servicios sanitarios. Abogados Cristianos, además, ha emprendido acciones contra l@s médic@s que retiraron la alimentación artificial a la niña gallega Andrea cuando sus padres sí  tenían autorización judicial.

El Ministerio del Interior, unos días después de lo sucedido con la FPFE, ha concedido la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, plataforma conocida por su lucha contra el aborto y el derecho a decidir.

Este hecho no es una acción aislada, sino que se enmarca en otras consecuencias que están  sufriendo las entidades que defienden los derechos sexuales y reproductivos por parte de grupos ultraconservadores, como el ataque contra Planned Parenthood en Europa, América Latina y Estados Unidos.

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