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Médicos del Mundo denuncia en el Congreso que el decreto sanitario supone “un cambio de modelo “ en el que se pasa del universalismo al aseguramiento.

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Según su presidente Álvaro González, este decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, solo ha creado “confusión, asimetría y desigualdad”.




Esta organización afirma que “desde un punto de vista de derechos, este decreto es injusto; desde una perspectiva económica, es ineficaz; desde el punto de vista de la salud pública, es peligroso porque las patologías infectocontagiosas no entienden de barreras administrativas; y desde un punto de vista ético, es injustificable, ya que conculca el código deontológico de los profesionales sanitarios", ha zanjado.

Para Médicos del Mundo, la normativa está generando respuestas “contradictorias” entre distintas comunidades autónomas, con una “marcada descoordinación “ entre niveles asistenciales que están provocando importantes situaciones de “desinformación y desatención”. Ademas como consecuencia de la introducción del copago en los medicamentos se están generando situaciones “absolutamente dramáticas” personales y familiares que están ocasionando un sifrimiento intenso por incapacidad de hacer frente al coste de los tratamientos.

González ha lamentado que esté decreto esté provocando la excluxión de la atención a embarazadas y menores en situación irregular. En concreto a las primeras se les niega el acceso a programas prenatales, se les factura la atención al parto y se les deriva a urgencias en casos que no son necesarios. Por otro lado, a loe menores en situación irregular, se les aporta información errónea sobre sus derechos o se les niega la derivación a un especialista.

Por otro lado, esta organización ha presentado a la Comisión de Sanidad del Congreso una serie de propuestas de aplicación a nivel autonómico entre las que descacan el desarrollo de un protocolo de atención a menores, embarazadas, víctimas de trata y violencia de género. También de la elaboración de un procedimiento que facilite la inclusión de las personas sin recursos económicos, y la inclusión en la atención sanitaria a las personas con enfermedades de declaración obligatoria, salud mental y enfermedades crónicas. Por último, ha solicitado se suspenda la emisión de facturas de la atención en los servicios de urgencias y facilitar el derecho a la excención de pago famacéutico.

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