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ONU suspende a España en Derechos por medidas como la del aborto

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El Estado Español suspende en igualdad frente a la ONU, que pide que no se aplique la modificación de la ley del aborto




El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó el pasado 7 de Julio a varios países. Se trataba de observar el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los Estados firmantes. La ONU anunció el 20 de julio que el estado español había suspendido. Así lo ha comunicado en su informe Observaciones finales sobre el VI informe periódico de España. Apunta su preocupación en veintiséis puntos de incumplimiento del Pacto, lo que suponen “leyes y prácticas contrarias a los Derechos Humanos”.  Concretamente, se refiere a sus políticas en cuanto a la Desigualdad de género, el aborto, la Violencia machista, la Ley Mordaza, la Trata de personas, la esterilización de discapacitados, los Centros de internamiento de Extranjeros y el Racismo policial.

Sobre el aborto, la ONU se opone frontalmente a la reforma de la Ley vigente, que pretende obligar a las mujeres de 16 y 17 años a pedir permiso para interrumpir su embarazo. Exige su retirada ya que considera que puede aumentar los abortos clandestinos y poner en riesgo su salud. En España las menores de 16 y 17 años que accedieron a una interrupción voluntaria del embarazo en los últimos años es del 3,60% y de ellas sólo el 12,38% no pudieron informar a sus padres y madres. Es decir, casi un 90% lo comunicó a sus progenitor@s. Los casos que no informan se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema, abusos, violencia y/o incesto.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), responsable de este dictamen, ya había alertado de que no se aprobara esta medida, pero el grupo popular continuó con el proceso. Lo que sí recomiendan es contemplar de forma obligatoria en el currículum escolar una educación sexual desde el prisma de los derechos sexuales y reproductivos. De esta manera, concluyen, se prevendrían los embarazos tempranos y las enfermedades de transmisión sexual.

Otros de los temas que preocupan al Comité con respecto a la política española es la “prevalencia de la violencia sobre la mujer, incluyendo la violencia sexual”. En este aspecto no critican sólo la política del PP, sino que consideran que la ley de violencia de género del 2004 es insuficiente, al contemplar sólo la violencia contra la mujer dentro de la pareja. También consideran que las medidas de austeridad han afectado especialmente a las mujeres, más perjudicadas por la desigualdad salarial. Otro ejemplo es el cierre del Ministerio de Igualdad, que recomiendan re-establecer.

¿Cómo ha quedado el tema del aborto?

Recordamos que el pasado 16 de julio se aprobó en el Congreso la proposición de ley del Partido Popular para que las menores tengan que pedir permiso obligatoriamente para abortar. La reforma de la actual ley salió adelante con 184 votos a favor (también les apoyaron Unió y el Foro de Asturias). Se votará en al Senado y, si no hay ninguna sorpresa, el texto definitivo se aprobará en el BOE a finales del mes de Septiembre. En caso de conflicto, decidirá un/a juez/a, lo que puede hacer que se pase el plazo legal (14 semanas). Anteriormente, con la actual Ley de Salud Sexual e Interrupción del Embarazo sólo tenían que informar.

Esto no ha satisfecho a nadie. Tampoco a los sectores más conservadores de dentro y fuera del partido, que pedían la retirada completa de la ley del aborto (ya hay presentado un recurso al Tribunal Constitucional que se ha retrasado por el proceso de esta mini-reforma) o una modificación más severa. Votar sólo este cambio parcial, para muchos significaba apoyar el resto de la ley, que permite el aborto sin alegar ninguna causa dentro del plazo de las 14 semanas. Pasado ese periodo, es una combinación de supuestos.

Cinco diputados del PP han mostrado su disconformidad. En la primera votación, la del dictamen, cuatro votaron en contra y uno se abstuvo. En la segunda votación, sobre la ley, hubo tres abstenciones y un voto en contra.  

Amnistía Internacional ha recogido 50.000 firmas para pedir la retirada de la modificación. Miles de personas y cientos de entidades se han manifestado públicamente en contra de esta reforma. Entre ellas, la Federación Estatal de Planificación Familiar, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, la Red Española de Atención Primaria, el Instituto Andaluz de la Mujer o el Fórum de Política Feminista.

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