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Las clínicas IVE detienen los abortos ante la falta de pagos de Castilla-La Mancha

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Se calcula que el Sescam debe a las clínicas más de un millón de euros por las interrupciones voluntarias de embarazos practicadas en 2010. En un comunicado emitido por la portavoz de las clínicas, Luisa Torres, se califica la situación de “insostenible” por lo que se han visto en la obligación de no practicar más intervenciones a pacientes que procedan del sistema público sanitario, aunque han advertido que harán excepciones “por el compromiso con las mujeres”.




Ante los “reiterados incumplimientos” en los pagos de las prestaciones realizadas en 2010, las siete clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) han roto el convenio que habían suscrito con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) desde que entró en vigor la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos y de Interrupción Voluntaria de Embarazo.

En concreto, se trata de las clínicas Dator, Ginemur, El Bosque, Deia Medica, Cire, Iris y el Instituto Ginecológico de Murcia que han emitido un comunicado para dar a conocer que se han visto en la obligación de detener la práctica de abortos derivados del sistema público castellanomanchego por no haber recibido respuesta a los “numerosos requerimientos” realizados ante las autoridades sanitarias de la región. De estos centros, dos están ubicados en Albacete y Cuidad Real, los otros cinco prestan su servicio en Madrid, Valencia y Murcia.

Según sus cálculos, el gobierno de Castilla-La Mancha habría acumulado una deuda de más de un millón de euros con estos centros, cantidad que surge de haber derivado cerca de 300 mujeres de esta comunidad cada mes a las clínicas IVE.

Hasta ahora, estos centros atendían a las mujeres procedentes del sistema público sanitario de manera gratuita con cargo presupuestario al Sescam. En opinión de Luisa Torres, portavoz de las clínicas, “el incumplimiento (de los pagos) es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto insostenible”. Se defiende explicando además que “no llegamos a esta situación sin haber intentado todo antes”.

Servicios mínimos

A día de hoy, a las mujeres castellanomanchegas procedentes de los servicios públicos sanitarios que acudan a las clínicas concertadas para someterse a un aborto se les va a denegar la prestación por esta intervención. Algo que, por ley, debería ser gratuito.

No obstante, la portavoz de las clínicas ha indicado que a pesar de la ruptura del convenio con el Sescam, harán una excepción por el “compromiso con las mujeres” solo en casos que “tengan una especial situación sociosanitaria o económica”.

Por su parte, Luis Carretero –gerente del Sescam- ha confesado que existen “dificultades” para saldar esta deuda con las clínicas aunque ha señalado que una de sus prioridades “es ser equitativos con todos ellos” y que se van a dar pasos para mejorar esta situación.

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