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La Organización Médica Colegial (OMC) que reúne a los 52 presidentes de los colegios médicos de España, presenta un informe oponiéndose al anteproyecto de aborto

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En sus alegaciones la OMC se suma al rechazo ya expresado por otras muchas entidades médicas, lo que hace muy difícil que la futura ley recabe algún tipo de consenso social.




El órgano donde están representados los colegios médicos españoles expresa sus profundas objeciones al anteproyecto de ley del aborto centrando su rechazo en dos puntos principales, como es la capacidad de decisión de la mujer y los supuestos en los que se despenaliza el aborto.

En relación a la capacidad de decisión de la mujer, la OMC considera que la mujer “no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental” para que pueda acceder a interrumpir su embarazo. Este punto también ha sido muy criticado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) de profesionales de la Salud Mental, que denunciaban que las mujeres que abortan no son enfermas mentales. Además expresaban su rechazo a la norma al “consagrar la minoría de edad de la mujer retirándola su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre el devenir de su vida”

Sobre los supuestos en los que se despenaliza el aborto, la OMC pide que la futura ley despenalice el aborto en el supuesto de “malformación grave o enfermedad incompatible con la vida del feto, en equilibrio de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España en 2008”.

En el supuesto de malformación,  la asociación española de diagnóstico prenatal ha expresado su rechazo a la nueva ley sobre todo “en lo referente a que la presencia en el feto de una malformación o 'enfermedad extremadamente grave e incurable' no sea considerado un supuesto para optar a una interrupción legal del embarazo".

Por último, entidades de profesionales de la salud tan importantes como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) o la Sociedad Española de Medicina Perinatal (SEMEPE), enviaron una queja conjuntamente al Ministerio de Justicia por no haber sido consultadas previamente a la redacción del anteproyecto de ley del aborto a pesar de ser entidades de profesionales directamente implicadas en la realidad de esta práctica médica.

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