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La Ley del Aborto funciona de forma desigual en cada autonomía

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ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, denuncia que en estos siete meses desde que se aprobó la normativa cada comunidad ha actuado de forma diferente. La mayoría de las autonomías no facilita la prestación para la intervención y falta información sobre trámites y pasos a seguir para las mujeres que desean interrumpir su embarazo. De ahí que reclamen a las autoridades sanitarias poner en marcha medidas para unificar criterios en las 17 comunidades autónomas.




“Hoy existen 17 leyes del aborto, una por cada autonomía”. Así lo ha expresado en rueda de prensa Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En su opinión, la ley del aborto no ha logrado su principal objetivo en los siete meses desde su aprobación: el de garantizar la igualdad de acceso al aborto, la seguridad jurídica de la prestación, la gratuidad y confidencialidad de las mujeres.

Para Barambio, “se están produciendo las diferencias territoriales que precisamente se querían evitar” con esta norma, ya que el posterior desarrollo de la misma ha otorgado a los gobiernos autonómicos “libertad de movimientos” y al mismo tiempo “escaso margen de maniobra” al Ministerio de Sanidad.

Según la Asociación, ninguna comunidad autónoma cumple íntegramente la nueva ley. Destacan Andalucía y Asturias como las comunidades donde “mejor se está cumpliendo”, mientras que Madrid, Cataluña y algunas provincias de Castilla y León presentan mayores obstáculos a la hora de facilitar la prestación a las mujeres que interrumpen de forma voluntaria su embarazo. De ahí que hayan instado a las autoridades sanitarias a dictar “cuantas medidas sean necesarias para unificar criterios”.

Algunos centros de Atención Primaria de Cataluña se han convertido en lugar para la práctica de abortos farmacológicos sin que cuenten con la acreditación necesaria para ello, y previo pago de la intervención, denuncia la Asociación. Una comunidad en la que, al igual que Valencia o Madrid, no se respeta la confidencialidad de la afectada que queda “identificada durante todo el proceso, y su intimidad, expuesta”, ha asegurado Barambio. Concretamente en Cataluña han de facilitar sus datos personales para gestionar el reembolso de la intervención a través del CIP (Código de Identificación Personal). Un reembolso del que aún no ha tenido constancia el presidente de la Asociación, que oscila entre 350 y 450 euros según la semana de gestación, cuando la Consellería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña se comprometió a devolver el dinero en el plazo de un mes y medio.

Precisamente el pago previo de estas intervenciones está obstaculizando el desarrollo de las interrupciones de embarazo, al igual que el sistema de facturación directa de la clínica a la consejería u hospital pues está “asfixiando económicamente” a los centros acreditados, afirma Barambio, puesto que “a veces se paga con una demora de hasta un año”.

De hecho, hay grandes diferencias entre el número de intervenciones realizadas con financiación pública según las comunidades, siendo de más del 90% en Asturias por ejemplo y de tan sólo el 15% en A Coruña. Tal y como indica ACAI, la tendencia general se va aproximando a un 60% de intervenciones con dinero público y un 30% practicadas de manera privada.

Por su parte, la vicepresidenta de ACAI, Francisca García, presentó los resultados de un informe elaborado por dicha asociación en los que puede constatarse que algunas comunidades como Andalucía carecen de la información pertinente para las mujeres que desean abortar. Asimismo, asegura que la información que reciben las afectadas no es la misma en todas las comunidades autónomas, por lo que ha pedido a los centros acreditados que se responsabilicen de este trabajo de informar a las mujeres sobre técnicas, relación de centros, pasos a seguir, trámites, e incluso ayudas a las gestantes que desean continuar con su embarazo o aquellas otras que optan por la adopción.

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