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La factura pública del aborto se dispara con la nueva ley

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Las intervenciones financiadas pasan del 30% al 60%. Las comunidades piden más dinero a Sanidad y, en ocasiones, empujan a la mujer hacia centros privados.




Ya no hay excusas. La sanidad pública debe pagar todas las interrupciones voluntarias del embarazo. Se hagan en hospitales públicos o, como en el 98% de los casos, en clínicas privadas.

Hasta hace algo más de un mes, las comunidades financiaban, de media, el 30% de los abortos. En la mayoría de los casos, lo pagaba la mujer de su bolsillo. Ahora, con la nueva ley, que no deja lugar a dudas de que la intervención está incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública, esta cantidad se eleva al 60% de media, según las clínicas de abortos. El coste se dispara y hay comunidades que tratan de paliarlo con largos tiempos de espera para empujar a la mujer hacia la privada o con el cobro adicional de la anestesia general.

El aumento de la factura sanitaria duele ahora, en tiempos de crisis, más que nunca. Y varias regiones se lo han hecho notar a Sanidad, pidiéndole más dinero. Pero el ministerio de Trinidad Jiménez ya ha respondido que no ampliará el presupuesto. Según sus cálculos, las intervenciones no van a incrementarse -en 2008 fueron unas 115.000 en toda España-. Si antes las comunidades no pagaban los abortos, dicen, es porque incumplían la ley.

Siempre ha reinado el oscurantismo en torno al dinero dedicado a esta prestación. Como el tema, es una cifra polémica. Las comunidades, como mucho, dan cuenta del porcentaje de los que se han practicado en la pública o a través de los conciertos. En Castilla-La Mancha, donde se financiaba solo el 4,7% de las intervenciones, según datos de 2008 de su consejería, se está pagando ahora más del 80%. Su sistema de salud no pone pegas. Las mujeres de esta región -donde se conciertan todos los abortos con centros privados- encuentran en el sobre en el que se les entrega la lista de ayudas a la maternidad la carta de pago, que deben entregar en la clínica como si fuera un volante.

El caso de Asturias es similar. Ha pasado de financiar el 8% de las intervenciones a pagar más del 90%, según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa una treintena de centros en toda España. "Si las mujeres no saben que puede acceder a la prestación gratuita les informamos", dice Blanca Cañedo, de la Clínica Belladona de Gijón.

El sistema de esta comunidad es sencilla deriva directamente a las mujeres a los centros privados con los que tiene concierto. Allí la paciente solo debe presentar la tarjeta sanitaria. Es un modelo que se aproxima al andaluz, donde el aborto se concierta con clínicas privadas desde 1985, y donde antes de la nueva ley ya se financiaban el 75% de las operaciones.

Aún no hay datos del cambio experimentado en todas las comunidades. Algunas ni siquiera han empezado a contar cuántos abortos se han realizado en el primer mes de aplicación de la ley de plazos (en vigor desde el 5 de julio). Valencia sí lo ha hech en 2008 pagaba el 34% de los abortos y roza ya el 60%. "Y el ritmo aumenta día a día", explica Silvia Guillén, portavoz de la clínica Mediterránea Médica de Valencia. Lo mismo que sucede en Aragón, que cubría apenas el 10% de las intervenciones, y donde está financiando ahora casi la totalidad.

Pero no todo es positivo. Haber logrado que sea la sanidad pública quien cubra la prestación es un avance que muchos quieren evitar. Algunas regiones intentan que siga siendo la mujer quien pague la intervención. En Madrid, por ejemplo, donde el porcentaje a cargo de la sanidad pública ha subido del 27% de 2008 a más del 50%, ese obstáculo es el tiempo de espera. Las mujeres que quieren abortar en la pública deben aguardar unas tres semanas. "Para muchas ese plazo se convierte en un elemento disuasorio", explica Luisa Torres, trabajadora social de la clínica Dator de Madrid, quien indica que ese tiempo se reduce para las menores o las mujeres con patologías.

Carolina F. decidió por eso pagar la intervención de su bolsillo. "Me daban cita para dentro de 20 días y no podía aguantar", explica. Si lo hubiese hecho habría superado el límite de 14 semanas de plazo libre que marca la ley. Esta mujer de 34 años critica, además, que en su ambulatorio de Madrid tampoco le explicaron que la sanidad pública cubría la intervención. Hasta la aplicación de la nueva ley, esta autonomía solo se hacía cargo de los abortos realizados a las mujeres sin recursos. Un caso similar al de Cataluña, donde se financiaron en 2008 apenas un 23% de estas intervenciones, y no en su totalidad. Esa comunidad tenía ayudas parciales a las mujeres sin capacidad económica para pagar la operación.

En Murcia, donde en 2008 el 32% de los abortos se realizaron a cargo de la sanidad pública, según la consejería, la técnica para reducir costes es distinta. Allí no se cubre, en ningún caso, la anestesia general en las intervenciones de hasta 12 semanas (donde hay opción de hacerlas con anestesia local). Si una mujer desea o necesita que la seden totalmente debe pagar 100 euros. "La sanidad murciana tampoco cubre la píldora RU-486, un método abortivo indicado para las gestaciones de menos de ocho semanas", comenta Francisco Valero, director de la clínica Ginemur de Murcia.

Hace un mes, en el último Consejo Interterritorial de Sanidad, algunas comunidades advirtieron de que necesitarían más dinero para hacer frente a las interrupciones voluntarias del embarazo. Galicia presentó una reclamación en la que pedía que se informara del impacto económico que podía tener la ley sobre su presupuesto, ya de por sí al borde de la asfixia.

El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, es claro en la respuesta: "Hasta dentro de dos años no se hará evaluación de impacto de la norma. Además, las intervenciones no solo no aumentarán, sino que bajarán como estamos viendo desde hace unos meses", dice. Además, siempre existe la opción de realizar la prestación directamente en hospitales y centros públicos.

Fernando Lamata, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, explicó tras esa reunión con Sanidad que el impacto sería evidente en la mayoría de autonomías. En la suya, calculó, el coste podría rondar los tres o cuatro millones de euros. Este consejero, sin embargo, aclaró que aún no hay una previsión de costes, ni la habrá hasta que termine el ejercicio; y propuso estudiar en unos meses cuántas mujeres han solicitado la prestación financiada. "Si eso supone un aumento del gasto, sí cabría esa petición de financiación al Gobierno de España", dijo.

Un aborto en una clínica privada puede costar entre 350 y 450 euros, aunque el precio puede aumentar según las semanas de gestación. El coste, sin embargo, no es el mismo para las autonomías que firman conciertos con los centros privados. "Para la sanidad pública suele ser un 25% más barato", explica Valero.

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