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El Gobierno continúa su plan para impedir el derecho de las mujeres a decidir

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Tras el informe negativo del Consejo de Estado para obligar a pedir permiso a las jóvenes, aprobarán una Ley de Maternidad disuasoria para las mujeres




Han pasado tres meses desde que se retirada de la reforma del aborto (anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada). Mucha gente celebró la marcha del ministro Alberto Gallardón, salvo entre los grupos conservadores anti-elección,  que suponen una parte de los votos para el Partido Popular.

Para recuperar la confianza de los anti-elección, el gobierno sigue queriendo que las adolescentes de 16 y 17 años necesiten obligatoriamente el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo.

Según datos de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo), el 90% de las jóvenes de 16 y 17 años que abortan informan a sus padres. El resto son casos con una problemática especial de malos tratos y desamparo.

En realidad, la actual ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, no descarga de responsabilidad para con los/as progenitores/as. De hecho, sólo se exime de informar si hacerlo implica un conflicto grave y siempre que cuenten con aprobación médica.

El señor Rajoy planeaba anular el artículo que permite la autonomía de las personas de 16 y 17 años como Pacientes en intervenciones médicas con un Anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Necesitarían del consentimiento de padres/madres o representantes legales. Pero el Consejo de Estado respondió que esta norma, con carácter de Ley ordinaria, no podría modificar a la Ley de Salud Sexual y reproductiva, que tiene un rango superior, de Ley orgánica. El informe del Consejo de Estado advertía también de que tenía que haber sido consultado antes de que el anteproyecto hubiera sido enviado a las comunidades autónomas.

Declaraciones de Alfonso Alonso

Alfonso Alonso, el nuevo ministro de Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad, declaró en una entrevista reciente, que quería “corregir algunas cuestiones”. Destacó especialmente la necesidad de que el consentimiento paterno fuera obligatorio para las menores, si bien pidió tiempo,  ya que las reformas no se acometerían durante este año. En estas declaraciones a Onda Cero, se amparó en motivos como que era para que “las hijas cuenten con el apoyo de las madres”,  que supondría “un fomento positivo de la maternidad en España” o que “el derecho a la vida se recoge en la Constitución”.

Información y ayudas económicas a las mujeres

Otra posible vía para acometer sus planes sería incluirlo dentro de una Ley de Maternidad cuyo borrador, previsto para principios de Enero, contendría ayudas económicas e información para las mujeres con la idea de disuadirlas de interrumpir su embarazo. Incluiría un protocolo para informar de todas las alternativas al aborto y las bases para asentar y legislar los principios del “derecho a la maternidad”.  

En Castilla- La Mancha la señora Cospedal ya se ha adelantado, para admiración de los anti-elección, con su Plan de Apoyo a la Maternidad, con un cheque-mamá de 150 euros para jóvenes en “situación de riesgo”.

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