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El debate sobre la reforma del aborto será el 24 de marzo

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El Congreso debatirá y votará la proposición de ley que presentó el PP para reformar la actual legislación del aborto




La proposición de ley que presentó el Partido Popular para cambiar la legislación del aborto ya tiene fecha para debatirse. Será el 24 de marzo. Dicho día, se debatirá y votará la propuesta de que las jóvenes de 16 y 17 años tengan que pedir permiso obligatoriamente a sus progenitores/as para interrumpir su embarazo. En la actualidad, la Ley de Salud Sexual e Interrupción del Embarazo sólo les exige que informen. Las estadísticas apuntan a que la mayoría, de hecho, lo está haciendo.
El objetivo sería que, tras el debate parlamentario, la medida entrara en vigor al final del periodo de sesiones. Es decir, dentro del mes de junio, según confirmaron fuentes del Partido Popular y del propio gobierno.
 
Dentro de las filas del PP se prevé división en torno al voto. Algunos diputados ya han manifestado su disconformidad con una proposición de ley que sólo modifica un aspecto de la misma. Consideran que una reforma parcial de la ley sigue ratificando el conjunto de la normativa. Por el contrario, otros diputados se conforman con este cambio y creen que con el mismo se mantiene el programa de su partido y así, las promesas al electorado. Sin embargo, los votantes más conservadores no parecen satisfechos si atendemos a las demandas de los asistentes a la manifestación del pasado 14 de Marzo, donde los anti-elección declaraban en su comunicado: "Ningún partido político puede razonablemente esperar que los ciudadanos votemos a quien desprecia lo que nosotros apreciamos, ni a quien nos pide el voto para una cosa y hace la contraria en temas innegociables".
 
Por su parte, Esperanza Aguirre, que acudió a la manifestación, declaró que “el aborto no es un derecho de la mujer, sino un fracaso de la mujer y del hombre”.
 
Recordemos que la Proposición de Ley puede estar retrasando la respuesta del Tribunal Constitucional sobre el recurso que el PP había presentado contra la legislación actual de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, el hecho de optar por esta forma jurídica fue una manera de evitar un proyecto de Ley que, además de no tener consenso, hubiera tenido que pasar por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

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