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Pone en peligro su vida porque SERGAS no practicó aborto

El Servicio Gallego de Salud tendrá que indemnizar con 270.000 € a la pareja por perjuicios físicos y psíquicos
www.clinicasabortos.com | Aborto | 20/10/2016
Aborto Libre

Los hechos se produjeron en 2012 cuando el hospital de Burela de Lugo decidió, tras varias negligencias, derivar a Paula (nombre ficticio) a una clínica privada de Madrid para abortar. Tras dilatar el diagnóstico varias semanas, en la semana 31 decidieron por fin, que había inviabilidad fetal, supuesto en el que no hay plazo para el aborto. Con el retraso, también corría peligro la salud de la madre. Pero en la sanidad pública de Galicia ha habido varios problemas porque los profesionales se niegan a practicar la interrupción legal del embarazo.

En la semana 20 de gestación ya se detectaron anomalías en las ecografías. Ante la preocupación de padre y madre, no sólo le restaron importancia a los resultados sino que no aceleraron ni realizaron las pruebas pertinentes. Por su parte, la pareja decidió pedir otras opiniones profesionales, que sí les fueron entregadas con mayor celeridad. Llevaron estos diagnósticos al hospital, que no hizo caso e insistió en esperar sus propias pruebas. Cuando llegaron dichos resultados, confirmaron que se trataba de una delección cromosómica, un motivo de inviabilidad fetal. A Paula no se le informó de lo que esto implicaba y se le habían ocultado las implicaciones de este diagnóstico.

El embarazo se había alargado hasta la semana 31. En esta ocasión, sí aceleraron los trámites para la interrupción legal del embarazo. Pero, alegando que querían respetar la objeción de conciencia de profesionales de la sanidad gallega, decidieron derivar a Paula a Madrid. La pareja tuvo que realizar 500 kilómetros en su propio coche, con el peligro que para ella suponía el viaje.

Una vez en la clínica privada de Madrid, le advirtieron del mal estado de su útero. Paula sangraba y sufría fuertes dolores durante el trayecto, y tuvo que ser ingresada en el Hospital Público de la Paz. Allí le practicaron el aborto por cesárea en la semana 32. Perdió el útero y la posibilidad de volver a tener descendencia de forma biológica.

Paula denunció al SERGAS. El 5 de octubre el magistrado del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Lugo ha dictado una sentencia ejemplarizante. En ella se obliga al SERGAS a indemnizar con 270.000  euros a la pareja por daños físicos y psicológicos.

La condena  explica que  "la negligencia denunciada rebasa los estándares de lo tolerable, de lo irreprochable". Se alargó innecesariamente el proceso, ya que en la semana 20 de gestación ya había pruebas suficientes de que existía la inviabilidad fetal. “Lo que resulta inexcusable es que ante la aportación externa de la información precisa, clara y determinante de la anomalía fetal, el servicio de ginecología de Burela, continuase inmerso en la parálisis y no hubiese reaccionado", afirma  la sentencia. Aunque el SERGAS se defiende diciendo que tenía que comprobar el perfil genético de progenitores, dichos exámenes no eran necesarios.

También alude a que defendía la objeción de conciencia de sus profesionales. El aborto es un servicio médico que debe ser prestado, si bien se debe respetar la objeción de conciencia, también debe haber profesionales que presten un servicio médico que aparece en la cartera de salud. Además, justo alegan que objetan a partir de ciertas semanas, cuando en el caso de inviabilidad fetal la legislación indica que no existe plazo legal y fueron sus negligencias las que prolongaron el diagnóstico. La pareja está en tratamiento psicológico.

La sentencia, además, explica que el hecho de no prestar medios para el viaje puso en riesgo la salud de la madre, a la cual ninguna cifra económica puede indemnizar por haber hecho peligrar su propia vida, por haber perdido su útero y la posibilidad de ser madre biológica. Eso sí, como explica la pareja, intentarán otras opciones para la paternidad/maternidad.
 

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